Palabra a los campos

¿Qué está pasando?

Tras la masiva movilización protagonizada por el sector primario europeo y la información que se está tergiversando intentamos resumir reivindicaciones, afirmaciones e implicaciones que están ocupando la prensa en estas últimas semanas.

El sector primario se está enfrentando a desafíos como el cambio climático, el aumento del precio del petróleo y de los fertilizantes, una creciente competencia por la tierra y el agua, la proliferación de plagas y especies invasoras, la precariedad laboral y el cada vez más difícil relevo generacional, el descenso de la eficacia de los fertilizantes, los tratados de libre comercio, el control de las grandes distribuidoras y comercializadoras de alimentación y las lógicas de la cadena alimentaria y en general el menosprecio de su papel y la impresión que se les hace pagar a ellos la factura ecológica de todos.

¿Qué se reivindica?

Aunque la clave de las movilizaciones se basa en la crisis del modelo económico europeo, la carta de reclamaciones del sector agrario es amplia. En una sola voz se reivindican la reforma del sistema alimentario, la redistribución justa de los beneficios de la cadena alimentaria, una seguridad social agraria, condiciones e ingresos dignos y la ausencia de iniciativas para la transición ecológica. En específico, piden una distribución justa de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), la aprobación de la ley de la Cadena Alimentaria, para que el campo no venda a pérdidas, y una simplificación de la burocracia. 

También hay quien protesta contra la especulación y la compra de tierra por parte de agentes de fuera del sector agrario y de fondos de inversión, la desregulación de las semillas transgénicas y los mercados de carbono.

Además se cuestionan los recientes acuerdos de libre comercio que favorecen la entrada de productos agrarios de terceros países más baratos y con menor regulación sobre la protección de la salud de las personas y del planeta.

Por último, algunas organizaciones agrarias declaran que las políticas europeas que aspiran a reverdecer el modelo de producción de alimentos no vienen acompañadas de los mecanismos a su juicio necesarios para ayudarles a encauzar el cambio.

¿Cómo se han recibido las protestas?

Las organizaciones campesinas se han preocupado de visibilizar que en estas movilizaciones no hay un solo campo, sino muchos campos e intereses de grandes empresas, de la patronal agraria, de que el agronegocio se sostenga con dinero público y de partidos políticos que quieren extender su granero de votos. 

Pero ¿cuáles son los intereses de las cooperativas de pequeños productores, de las empresas de ganadería y agricultura familiares, de la agroecología?

En la prensa los intereses de quien apuesta por producir alimentos que sostengan la salud de las personas y del planeta y por poner los sistemas alimentarios locales y sostenibles al centro de las políticas europeas parece haberse convertido en un enfrentamiento entre agricultores y ecologistas.

Por una parte la UE, bajo la presión de las movilizaciones agrarias, ha aprobado la derogación por un año de algunas de las condiciones “verdes” de la PAC como, por ejemplo, reservar una parte de las tierras al barbecho, medida con la que se pretendía regenerar los suelos y hacerlos menos dependientes del uso de insumos. Además ha suspendido la medida de reducción a la mitad el uso de pesticidas en la agricultura. Esta decisión llega poco tiempo después la aprobación del uso del glifosato, a pesar de ser calificado como “probable cancerígeno” por la OMS y bajo sospecha de ser disruptor endocrino. 

Según la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), estas respuestas no atienden a las verdaderas necesidades del sector a medio y largo plazo y Ecologistas en Acción (2024) afirma que las medidas de la Agenda 2030 son parte de la solución y del futuro de una agricultura sostenible, saludable y justa. 

Un modelo que ignora las necesidades y capacidades de la tierra y los ecosistemas, orientado al mercado global y totalmente dependiente de subsidios e insumos finitos no es sostenible.

Como se comenta en el podcast de Ganaderas en Red (que os invitamos a escuchar al enlace aquí abajo), el tema es más complejo de la polarización que se está manifestando. Entre los factores que influyen están: 

• la escalada de los precios de los productos agrícolas hasta un 875% entre el campo y el supermercado. Según un nuevo informe de Facua – Consumidores en Acción, los márgenes de intermediarios, distribuidoras y grandes cadenas de supermercados han incrementado exponencialmente. En Francia en 2001 la leche se pagaba a los productores 0,25€/l, mientras que en 2022 había bajado a 0,24€/l. Durante las dos últimas décadas, en cambio, el precio en los supermercados ha subido de 0,53€/l a 0,83€/l; 
• gran parte de la producción agrícola importada desde los países en vías de desarrollo ha sido impulsada por países europeos. El acuerdo UE-Mercosur eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que supone un aumento en la venta de pesticidas; 
• la distribución de las subvenciones de la PAC basada en la cantidad de hectáreas fomenta la lógica del productivismo e injusticia social en vez de impulsar una transición agroecológica ya que el 20% de los beneficiarios recibe el 80% de las ayudas (Coalición Por Otra PAC, 2024);
• las condiciones, en muchos casos inhumanas, de las jornaleras agrícolas son lo que permite que la cadena actual siga funcionando.

¿Y ahora qué?

Queda claro que lo que se está haciendo no funciona. Es necesaria una reforma del sistema alimentario y la creación de un modelo de cooperación que se adapte al cambio climático y a un descenso en la disponibilidad de recursos, que proporcione apoyo a los pequeños y medianos productores, que conserve la biodiversidad, que exija derechos laborales, remuneración justa y participación social, que facilite una compra pública sostenible, que potencie el mercado de proximidad y que sostenga la vida antes que el mercado.

Como afirma La Vía Campesina (2024), alimentarnos bien es parte del cuidado de las personas y de la tierra que nos sustenta además de ser un derecho. Lo urbano y lo rural están interconectados y los consumidores, eligiendo qué alimentos comprar, tenemos más poder de lo que pensamos para reclamar nuestra soberanía alimentaria y unos campos justos.